2026, n.º 41, e2026415
Andrea Procaccini
FUNCIONES: Conceptualización, metodología, curación de datos, análisis formal, redacción del borrador original, revisión y edición.
AFILIACIÓN: Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Politiche, 80138, Napoli, Italia.
E-mail: anproca@unina.it | ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9430-5727
Resumen: A partir de finales del siglo pasado, gran parte del mundo ha experimentado un aumento considerable en las tasas de encarcelamiento. Desde la recesión económica de 2008, en muchos países occidentales, el fenómeno de la “encarcelación masiva” se ha detenido por varias razones. En el área sudamericana, sin embargo, a pesar del cambio de régimen político hacia uno progresista en varias naciones en algunos momentos, las tasas de encarcelamiento siguen aumentando. La hipótesis de este trabajo es que los países de esta área, habiendo pasado por un proceso de democratización más reciente, representan un ejemplo de penalidad postdictatorial, por lo tanto, sus instituciones políticas han estado más expuestas a los riesgos del populismo penal desde arriba y desde abajo. En este estudio, con el fin de verificar esta hipótesis, se correlacionaron los niveles de confianza interpersonal e institucional de los ciudadanos con los niveles de represión penal, a través de una comparación longitudinal (2000-2024) entre los principales países de América del Sur y algunos países europeos. Los resultados muestran que los niveles de desconfianza interpersonal e institucional siguen siendo elevados en la mayor parte de los países analizados y que, en varios casos, se asocian al aumento de las tasas de encarcelamiento. Aunque estas correlaciones son heterogéneas y no permiten establecer relaciones causales directas, sugieren que la desconfianza constituye una dimensión relevante para comprender las dinámicas punitivas de la región. En este sentido, la persistencia de bajos niveles de confianza puede interpretarse como uno de los rasgos distintivos del sistema penal sudamericano postdictatorial, junto con otros factores relacionados con los procesos de democratización, la construcción del Estado y la economía política del castigo.
Palabras-clave: penalidad postdictatorial, democratización, encarcelamiento masivo, confianza institucional.
Resumo: Desde o final do século passado, grande parte do mundo tem registado um aumento considerável nas taxas de encarceramento. Desde a recessão económica de 2008, em muitos países ocidentais, o fenómeno do “encarceramento em massa” foi travado por várias razões. Na região da América do Sul, no entanto, apesar da mudança de regime político para um regime progressista em várias nações em determinados momentos, as taxas de encarceramento continuam a aumentar. A hipótese deste trabalho é que os países desta região, tendo passado por um processo de democratização mais recente, representam um exemplo de penalidade pós-ditatorial por conseguinte, as suas instituições políticas têm estado mais expostas aos riscos do populismo penal, tanto de cima como de baixo. Neste estudo, com o objetivo de verificar esta hipótese, foram correlacionados os níveis de confiança interpessoal e institucional dos cidadãos com os níveis de repressão penal, através de uma comparação longitudinal (2000-2024) entre os principais países da América do Sul e alguns países europeus. Os resultados mostram que os níveis de desconfiança interpessoal e institucional permanecem elevados em grande parte dos países analisados e que, em vários casos, estão associados ao aumento das taxas de encarceramento. Embora estas correlações sejam heterogéneas e não permitam estabelecer relações causais diretas, sugerem que a desconfiança constitui uma dimensão relevante para a compreensão das dinâmicas punitivas da região. Neste sentido, a persistência de baixos níveis de confiança pode ser interpretada como uma das características definidoras da penalidade pós-ditatorial na América do Sul, a par de outros fatores relacionados com os processos de democratização, de construção do Estado e com a economia política da punição.
Palavras-chave: política penal pós-ditatorial, democratização, encarceramento em massa, confiança institucional.
Abstract: Since the end of the twentieth century, much of the world has experienced a significant increase in incarceration rates. Following the 2008 economic recession, however, the phenomenon of mass incarceration has slowed or stagnated in many Western countries for a variety of reasons. In South America, by contrast, incarceration rates have continued to rise despite the emergence of progressive political regimes in several countries. This study hypothesises that, due to their more recent processes of democratization, South American countries represent cases of post-dictatorial penal systems. As a result, their political institutions may have been more vulnerable to forms of penal populism originating both from above and from below. To test this hypothesis, the study examines the relationship between levels of interpersonal and institutional trust and levels of penal repression through a longitudinal comparison (2000-2024) involving the principal South American countries and a selection of European countries. The results show that levels of interpersonal and institutional distrust remain high across many of the countries analysed and that, in several cases, they correlate with increasing incarceration rates. Although these correlations are heterogeneous and do not allow for the establishment of direct causal relationships, they suggest that distrust constitutes a relevant dimension for understanding the region’s punitive dynamics. In this sense, the persistence of low levels of trust can be interpreted as one of the defining features of post-dictatorial penal systems in South America, alongside other factors related to processes of democratisation, state-building, and the political economy of punishment.
Keywords: postdictatorial penal systems, democratisation, mass incarceration, institutional trust.
Introducción
La mayor propensión de los Estados a ejercer el poder penal ha sido modelada a través de una amplia gama de esquemas explicativos de matriz sociológica y criminológica. Dichos modelos se originaron, en gran medida, a partir del análisis del mundo occidental, en particular del contexto norteamericano. Según Garland, los cambios sociales, políticos y culturales vinculados al advenimiento de la tardomodernidad determinaron el paso de un modelo rehabilitador e inclusivo del sistema penal (asistencialismo penal) a otro represivo y excluyente. Garland, a este respecto, planteó que en la tardomodernidad los gobiernos nacionales, impotentes ante la expansión de la criminalidad callejera y atemorizados por la creciente difusión de sentimientos de inseguridad, adoptaron estrategias de acting out, recurriendo a un uso masivo de la penalidad con un propósito simbólico y expresivo (2001). En la reconstrucción de Garland, el recurso a políticas penales duras y expresivas se convierte, así, en una estrategia adoptada por los gobiernos para responder a la crisis de legitimidad y reafirmar su soberanía.
Una interpretación diferente del fenómeno de la encarcelación masiva proviene de las tesis de Wacquant. Para el sociólogo francés, la explicación de la encarcelación de masas no debe buscarse en la tardomodernidad, sino en la expansión del neoliberalismo, que, para mantener el control sobre las clases marginales, ha hecho un uso desmedido del poder punitivo (Wacquant, 2010). El neoliberalismo penal, por tanto, se consolidó primero en los Estados Unidos y luego se extendió al escenario europeo y sudamericano, configurándose como un proyecto político transnacional y transpartidario, orientado a una reconfiguración de las relaciones entre Estado, mercado y ciudadanía. La deriva punitiva, en consecuencia, no fue una contingencia del proyecto político neoliberal, sino uno de sus elementos constitutivos. Esta interpretación, por lo tanto, representa el campo penal contemporáneo como completamente determinado por el surgimiento del proyecto neoliberal, que ha transformado profundamente el carácter del Estado en sus dimensiones de política social, económica y criminal.
Los modelos teóricos generalizantes han recibido críticas de diverso tipo, ya que existen numerosos ejemplos de países que han vivido experiencias sociales, políticas, económicas o culturales similares a las de los países anglosajones, pero que presentan tasas de encarcelamiento diferentes (Snacken & Durmortier, 2013). En este sentido, en las últimas décadas se han desarrollado modelos comparativos de los sistemas nacionales de justicia penal, a partir de indicadores de carácter económico, político-institucional, cultural y social (Cavadino & Dignan, 2006; Lacey, 2008; Lappi-Seppälä, 2011). Tonry, al repasar las tendencias que han caracterizado la literatura criminológica de las últimas décadas, ha señalado que los paradigmas explicativos de la encarcelación masiva han oscilado cíclicamente entre la formulación de marcos nomotéticos y generalizantes y explicaciones localistas de tipo idiográfico. El estudioso estadounidense afirmó al respecto que:
Se trata de una historia circular, que parte de un presupuesto no expresado ni explorado —según el cual las causas deben buscarse dentro de cada país —, para luego orientarse hacia la formulación de teorías y modelos dominantes; pasa después a la identificación de factores predictivos y protectores, y finalmente retorna a explicaciones locales. (Tonry, 2010, p. 91).
Los modelos teóricos de corte comparativo comparten el recurso a conceptualizaciones e interpretaciones fuertemente influidas por su origen norteamericano y europeo. De este modo, se ha consolidado la idea de que los niveles de penalidad de los países occidentales constituyen la norma, y que toda desviación respecto de ellos representa una anomalía o una excepción (Brangan, 2020).
Así, en los saberes criminológicos se reproduce un estilo de pensamiento que presenta sus propios conceptos y estándares como si fueran universales, oscureciendo el hecho de que “se refieren a procesos y dinámicas que están arraigados en ciertos lugares (y en ciertos tiempos)” (Sozzo, 2024a, p. 19).
Considerar el área latinoamericana, o cualquier otra región del mundo, como la periferia de un centro representado por los Estados Unidos y Europa occidental ha llevado a subestimar los aspectos peculiares de cada cultura jurídica específica. Una cultura jurídica que no debe considerarse totalmente alternativa a la occidental, pues comparte con ella ciertos rasgos histórico-identitarios, aunque combinados con otros factores que delinean una especificidad propia. A la luz de estas consideraciones, se ha desarrollado la perspectiva teórica de la Southern Criminology [Criminología del Sur], que ha desplazado el foco analítico desde el estudio de la dimensión estatal hacia las desigualdades globales, la criminalidad transnacional y la política postcolonial; es decir, hacia un conjunto diverso de perspectivas criminológicas y programas de investigación orientados a hacer más inclusiva y adecuada la disciplina al mundo en que vivimos (Carrington et al., 2018).
Desde hace más de quince años, los indicadores penitenciarios de Estados Unidos y de los principales países europeos muestran una contención en la expansión carcelaria, cuando no incluso una disminución[1]. Existe un consenso generalizado en identificar como punto de inflexión la crisis económica de 2008. Los efectos de la recesión económica, en efecto, provocaron una reflexión en las líneas de política penal, poniendo de manifiesto la insostenibilidad financiera para los Estados del modelo de encarcelamiento masivo (Gottschalk, 2015; Phelps, 2016).
La recesión se propagó rápidamente desde Estados Unidos al escenario global, dando inicio a un ininterrumpido período de quince años de inestabilidad social y económica, caracterizado por la sucesión de emergencias y conflictos cuyas consecuencias son cada vez más globales. La nueva coyuntura económica, por tanto, hizo urgente una revisión de la cuestión carcelaria en muchos países europeos. La crisis fiscal no puede considerarse el único factor que explica la tendencia a la descarcelación (Brandariz García, 2022), pero en el contexto europeo se observa que, en las últimas décadas, se ha diversificado la forma en que se ejerce el poder punitivo. A este respecto, McNeill introdujo el concepto de “supervisión masiva” (McNeill, 2018), de hecho, se buscó de diversas maneras la adopción de estrategias de descongestión, como un mayor recurso a las medidas de probation [libertad condicional o supervisada].
La proliferación de tales medidas se intensificó con la explosión de la pandemia de COVID-19. La expansión de las medidas de probation, sin embargo, parece sugerir un cambio de perspectiva en las estrategias de control social, en virtud del cual se produce un efecto de net widening [ampliación de la red de control social], generando una diferenciación de las respuestas sancionatorias sin que ello implique una disminución global de la población bajo control de las autoridades estatales (Aebi & Cocco, 2024). En el contexto europeo, para el legislador, recurrir de forma esporádica y no sistemática al arsenal de instrumentos de probation puede resultar ventajoso para responder a emergencias, ya que lo exime de formular reformas estructurales del sistema, permitiendo la aprobación discreta de medidas que contrastan con el enfoque securitario, a menudo mayoritario en la opinión pública (Brandariz García, 2017)[2].
En otros estudios, en cambio, para comprender la disminución general de las tasas de encarcelamiento registrada en muchos países europeos, se ha subrayado la sorprendente circunstancia de la reducción de la criminalidad en Europa continental en un contexto de crisis económica. La relación entre condiciones económicas, evolución del crimen y tasas de encarcelamiento es compleja (Rodríguez-Menés & López-Riba, 2020), pero la disminución de la criminalidad en las últimas décadas para determinados tipos de delitos cuestiona el supuesto, bien arraigado en la literatura marxista, que asocia los ciclos de crisis económica y sus consecuencias en pobreza y desempleo con el aumento de la criminalidad (Box, 1987; Jankovic, 1977[3]). En las últimas décadas, en el ámbito de la economía política del castigo, se han realizado numerosas investigaciones destinadas a reconstruir los vínculos entre las dimensiones macrosociales de la economía política y las transformaciones de las consecuencias penales, evitando generalizaciones e interpretaciones estrictamente deterministas. Desde esta perspectiva, se ha prestado especial atención a las dimensiones políticas e institucionales que median las relaciones entre los procesos económicos y las formas de la penalidad, lo que da lugar a resultados diferentes según los contextos históricos y nacionales (Melossi et al., 2017).
Análisis de la excepción sudamericana
Desde la década de 1990, América del Sur ha experimentado un aumento extraordinario de las tasas de encarcelamiento, con variaciones entre los distintos contextos nacionales, pero en conjunto interpretable como parte de una misma tendencia (Sozzo, 2016). Esta tendencia expansiva ya había sido señalada por Pavarini, quien la definió como un rasgo distintivo de las Américas en su conjunto, subrayando que “el continente americano es, de norte a sur, aunque con índices diferentes, el espacio geográfico del boom penitenciario de las últimas tres décadas” (Pavarini, 2013, p. 27).
Esta coincidencia entre las Américas fue retomada más recientemente por Miller, quien destacó que la conocida expresión “excepcionalismo americano”, utilizada usualmente para referirse únicamente a la experiencia estadounidense, adquiere un mayor valor heurístico si se entiende como “excepcionalismo de las Américas”, incluyendo también el área latinoamericana (Miller, 2021). Además, al vincular los temas de la criminalidad, la pena y las desigualdades sociales, se observa otro rasgo común entre las Américas que, a diferencia de Europa, presentan algunos de los niveles más altos de violencia criminal del mundo (Feldmann & Luna, 2022). La tasa de homicidios voluntarios en ciertas regiones latinoamericanas es más de cuatro veces superior al promedio mundial (Santos, 2024). En este contexto, las raíces de la elevada violencia en las Américas (tanto privada como ejercida por las agencias estatales) se remontan históricamente a las raíces coloniales y al fracaso en los procesos de construcción estatal, caracterizados por fragmentación institucional, altos niveles de desigualdad y una fuerte estratificación social racializada (Miller, 2021). En las últimas décadas, los estudiosos han comenzado a considerar la influencia de las instituciones gubernamentales sobre los altos niveles de criminalidad y violencia en América Latina, observando que la legitimidad institucional, la gobernanza y el grado de estabilidad política inciden en los niveles de criminalidad, planteando que estos factores se correlacionan negativamente con las tasas de homicidio (Croci & Chainey, 2023).
La Tabla 1 muestra claramente cómo, en los últimos veinte años, las tasas de encarcelamiento han aumentado de forma casi constante en todos los países sudamericanos. Ya a primera vista se aprecia una tendencia común a toda la región: el recurso a la pena de prisión ha crecido en todas partes, alcanzando niveles especialmente elevados en la comparación internacional y, sobre todo, en relación con los estándares europeos. Según los datos más recientes, las tasas de encarcelamiento por cada 100 000 habitantes son especialmente elevadas en Uruguay (449), Brasil (416), Chile (328) y Perú (299). Además, superan el techo de 200 reclusos por cada 100 000 habitantes Argentina (284), Paraguay (259), Bolivia (252) y Colombia (200), mientras que Venezuela (199) y Ecuador (195) se sitúan en valores solo ligeramente inferiores, pero de todos modos muy elevados en el panorama internacional.
Tabla 1 Tasa de encarcelamiento(*) y variación histórica (años 2000-2023/2024)
(*) La tasa de encarcelamiento ofrece una instantánea del número de personas encarceladas en un día
determinado, incluyendo tanto a los condenados en firme como a los que se encuentran en prisión preventiva.
Sin embargo, este indicador no proporciona información ni sobre la duración de las detenciones ni sobre su
intensidad. Además, dicha tasa solo refleja la punta del iceberg del sistema punitivo, ya que excluye del análisis
al amplio grupo de personas que cumplen la pena mediante medidas alternativas a la reclusión o que están
sometidas a otras formas de control penal. A pesar de estas limitaciones, la tasa de reclusión sigue siendo el
indicador más utilizado en los análisis comparativos, tanto diacrónicos como sincrónicos, gracias a su amplia
disponibilidad y comparabilidad a nivel internacional (Frost, 2008).
Fuente: https://www.prisonstudies.org/
El análisis diacrónico pone de manifiesto que el crecimiento de la población reclusa ha afectado indistintamente tanto a los países de mayor tamaño como a los más pequeños. En Paraguay, la tasa de encarcelamiento ha aumentado un 331,7 %, mientras que se registran incrementos superiores al 200 % en Venezuela (+243,1%), Uruguay (+232,6 %), Brasil (+215,2 %) y Ecuador (+204,7%). En Perú (+179,4%), Argentina (+178,4%) y Bolivia (+165,3%) los índices de encarcelamiento se han más que duplicado, mientras que aumentos más moderados, pero no por ello menos significativos, han caracterizado a Colombia (+56,3%) y Chile (+52,6%).
Es especialmente relevante el hecho de que dicha expansión haya continuado incluso después de 2010, etapa en la que numerosos países occidentales experimentaron, por el contrario, una estabilización sustancial o, en algunos casos, una reducción de los niveles de encarcelamiento. Entre 2010 y 2023/24, Bolivia, Paraguay y Ecuador han más que duplicado sus respectivas tasas de encarcelamiento, con incrementos del 171%, el 161,6% y el 146,8%. También se registran aumentos muy sustanciales en Perú (+90,4 %), Argentina (+80,9%), Uruguay (+74,7%) y Brasil (+67,1%). Por el contrario, los aumentos observados en Venezuela (+42,1%) y Colombia (+9,3%) son más moderados. La única excepción a esta tendencia continental la representa Chile, que en los últimos quince años ha mantenido niveles sustancialmente estables, registrando un incremento marginal del 2,5 %. La actual tendencia de las políticas penales sudamericanas, iniciada en los años noventa, se ha vinculado originalmente con la fase del Consenso de Washington, período en el que el pensamiento neoliberal se volvió dominante a través de la globalización de los mercados y la reducción del Estado social. Siguiendo esta línea interpretativa, se considera que la liberalización y desregulación de los mercados, combinadas con las reformas institucionales, hicieron que la región fuera más vulnerable a las fluctuaciones económicas, generando inestabilidad, altas tasas de desempleo e informalidad laboral, y un creciente aumento de las desigualdades sociales (Iturralde, 2019). Del conjunto de políticas neoliberales (amplias privatizaciones, creación de agencias reguladoras, estilo tecnocrático de gobernanza) derivó la particular virulencia de las crisis que cerraron los años noventa y abrieron el nuevo milenio. Según Somma, “sus efectos se sintieron precisamente allí donde las recetas neoliberales habían sido aplicadas con mayor fervor dogmático y obediencia a sus principios inspiradores” (Somma, 2018, p. 59).
Desde comienzos del siglo XXI, en el área latinoamericana se ha producido, como reacción a las políticas neoliberales, un giro a la izquierda, que incluyó a países como Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Chile. Esta expresión se ha utilizado para englobar el conjunto variado de experiencias políticas unidas por el rechazo a las principales políticas promovidas por el Consenso de Washington; por ello, se ha hablado de “postneoliberalismo”, “neodesarrollismo” o incluso de “socialismo del siglo XXI”. Los programas de los distintos gobiernos progresistas de la región, invirtiendo las líneas económicas liberales, buscaron —y en cierta medida lograron— resultados significativos en términos de disminución de los niveles de pobreza y desempleo. También impulsaron la renacionalización de algunos sectores previamente privatizados y promovieron el ajuste de salarios y pensiones públicas (Sozzo, 2016). El enfoque postneoliberal alentó una mayor participación ciudadana en la vida pública e incentivó la formación de un aparato estatal más sólido. En las democracias de la región, esto implicó un claro distanciamiento de los enfoques neoliberales previos, revitalizando el rol y el margen de acción del Estado.
En la literatura, existen distintas interpretaciones sobre la definición y el alcance del postneoliberalismo. Se puede distinguir, por un lado, una concepción que subraya su dimensión ideológica —en contraposición a las fases políticas anteriores— y, por otro, una visión que lo entiende como un conjunto concreto de políticas y prácticas que se apartaron del esquema anterior, aunque sin llegar nunca a una ruptura radical con las estructuras institucionales precedentes (Rucket et al., 2017). Este conjunto de experiencias políticas, aunque heterogéneo, se caracterizó por la difusión de programas asistenciales orientados a reducir las desigualdades sociales más marcadas y, en general, por la expansión del gasto destinado al bienestar social. En el ámbito de los estudios criminológicos, está consolidada la idea de que los niveles de desigualdad social están correlacionados directa y positivamente con las tasas de encarcelamiento; es decir, donde las desigualdades de ingreso son mayores, se prevén niveles de penalidad más altos. A su vez, se espera que mayores inversiones en bienestar y una disminución de la desigualdad social se asocien con menores tasas de encarcelamiento. Ambas correlaciones han sido ampliamente comprobadas, tanto en análisis diacrónicos como sincrónicos, en múltiples estudios comparativos sobre las tendencias de encarcelamiento en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, no han encontrado confirmación en los países sudamericanos para el período histórico considerado (Cavadino & Dignan, 2006). Como se ha señalado, la casi totalidad de los países de esta región experimentó un aumento en las tasas de encarcelamiento durante una etapa caracterizada, según el índice de Gini, por una reducción de las desigualdades de ingreso, con la única excepción de Paraguay (Sozzo, 2022).
Además, en todos los países de la región también se registró un aumento del gasto social. Sozzo observó que, en los países sudamericanos, a diferencia de lo que ocurre en el Norte global, la disminución de las desigualdades de ingreso y el incremento del gasto en bienestar no se acompañaron, en general, de una reducción de los niveles de penalidad, sino de su aumento. Estudios comparativos realizados con metodologías estadísticas más sofisticadas han llegado a conclusiones similares, confirmando la particularidad radical del área sudamericana (Iturralde, 2021). En síntesis, los países de América Latina, en el último decenio y medio, lograron mejoras notables en sus condiciones económicas y sociales, con avances en la reducción de la desigualdad y la pobreza; no obstante, las tasas de encarcelamiento aumentaron vertiginosamente.
Las razones del escaso impacto del giro progresista en el ámbito de las políticas penales pueden atribuirse principalmente a dos cuestiones: en primer lugar, el tema de la penalidad y de un enfoque diferente hacia la criminalidad nunca constituyó uno de los ejes centrales de estas alianzas de gobierno; en segundo lugar, la propia naturaleza coalicional de estos gobiernos (piénsese, principalmente, en el primer mandato de Lula o en las presidencias de Kirchner) llevó a las distintas fuerzas políticas a dirigirse a sectores diferenciados y específicos de la opinión pública, cada uno con intereses propios y visiones divergentes. En tal escenario, resultó difícil implementar un enfoque distinto en materia penal y de seguridad.
Los efectos de la democratización: la penalidad postdictatorial
Una peculiaridad del área sudamericana debe buscarse en su historia reciente y en su configuración institucional. Desde los años ochenta del siglo pasado, muchos Estados de la región han atravesado una compleja transición de regímenes dictatoriales o autoritarios hacia la democracia (la “tercera ola” de democratización). A este respecto, conviene recordar que, en los años setenta, solo Colombia y Venezuela contaban con regímenes políticos democráticos. El inicio del proceso de demo- cratización coincidió con la explosión de los niveles de penalidad. La correspondencia entre el comienzo de los procesos de democratización y el aumento de las tasas de encarcelamiento no es un fenómeno aislado a nivel comparado: se observan analogías con la España del período postfranquista. En este sentido, los estudiosos ibéricos acuñaron el concepto de penalidad postdictatorial (Brandariz García, 2018).
La transición de un sistema autoritario a la democracia implica, entre otras cosas: la reconstrucción del sistema de partidos, la apertura hacia la sociedad civil y la formación de una opinión pública, pero sobre todo la construcción del Estado penal mediante reformas de los cuerpos policiales y de los códigos procesales penales. La realización de cada uno de estos procesos contribuyó a la expansión penitenciaria, aunque de manera diferente en los distintos contextos nacionales sudamericanos, ya que alimentaron: la formación de un sistema político y partidario conflictivo, el desarrollo de un periodismo sensacionalista y la politización de la justicia penal, es decir, factores que la literatura identifica entre los principales riesgos para la expansión del encarcelamiento masivo (Tonry, 2007).
Además, debe considerarse que, en países como Argentina y Brasil, la forma federal del Estado implicó la transferencia de poder a los niveles regionales en una amplia gama de competencias, entre ellas las políticas penales y penitenciarias[4]. Esta configuración del poder generó una demanda “desde abajo” de mayor penalidad, colocando la cuestión criminal en el centro de la agenda política, especialmente con fines electorales. En algunos casos, los gobernadores utilizaron estas políticas para reforzar su posición política dentro del Estado y/o a nivel nacional, convirtiendo el control del crimen en el eje principal de su acción pública, incluso en oposición al poder político central (Hathazy & Müller, 2016).
En síntesis, que en esta región el proceso de transición a la democracia haya coincidido con un aumento de las tasas de encarcelamiento no debe sorprender si se considera que estuvo acompañado por la promulgación de una legislación más punitiva y por la expansión y reorganización de los cuerpos policiales y de las estructuras institucionales del aparato judicial. Además, como teorizó Sozzo para el caso argentino, en la fase postdictatorial surgió una creciente demanda de penalidad desde abajo, distinta de las formas típicas del populismo penal “desde arriba” de tipo securitario (Sozzo, 2016). El populismo penal desde arriba se expresa como una exigencia de mayor penalización enfocada principalmente en los sectores marginales de la población. Desde esta perspectiva, siguiendo el enfoque de David Garland (2001) en su análisis del contexto anglosajón, las políticas de ley y orden no son simplemente impuestas desde arriba por las instituciones, sino que obtienen el consenso popular a través de un proceso de construcción de la opinión pública. En un primer momento, la percepción de inseguridad y delincuencia se alimenta y difunde, incluso mediante la identificación de un useful enemy [enemigo útil], tal y como destaca Christie (2005). Posteriormente, dicha percepción se presenta como una demanda de penalización procedente de la base, es decir, como si fuera una petición de los ciudadanos de un mayor control social y de penas más severas. La paradoja radica en que los sujetos socialmente más débiles, a menudo los más expuestos a los efectos de las políticas punitivas, acaban apoyándolas porque no logran identificar alternativas eficaces a los problemas de inseguridad y marginación. De este modo, el endurecimiento de las políticas penales adquiere legitimidad social y se consolida como respuesta privilegiada a las tensiones generadas por las transformaciones económicas y sociales.
El populismo penal ha sido uno de los conceptos más utilizados para analizar los fenómenos de encarcelamiento masivo (Shammas, 2026). En general, se configura como un fenómeno que obtiene su legitimidad de una demanda popular de mayor severidad penal y control social. Sin embargo, en los países que han experimentado una situación de severidad penal postdictatorial, dicha demanda ha adquirido características peculiares. Estos contextos se caracterizan, de hecho, por la inestabilidad de las instituciones políticas y jurídicas típica de los procesos de democratización y por la necesidad de hacer frente al legado de los regímenes autoritarios anteriores. La demanda de penalidad, por lo tanto, no se ha orientado exclusivamente hacia el endurecimiento represivo frente a la delincuencia común, sino que también se ha manifestado, desde la base, a través de movimientos sociales que reclamaban justicia por los crímenes cometidos durante las dictaduras, la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de grupos históricamente marginados. En este sentido, la demanda popular de penalidad no se expresa únicamente a través de instancias de seguridad, sino que también puede ser promovida por movimientos democráticos que recurren al derecho penal con una perspectiva emancipadora, como instrumento de reconocimiento, protección de los derechos y lucha contra la impunidad. De hecho, en algunos países sudamericanos, esta primera ola de populismo penal “desde arriba” fue seguida por otra “desde abajo”, impulsada por movilizaciones sociales, que tuvo un impacto aún mayor en términos de iniciativas penales, reforzando la tendencia hacia un incremento efectivo de la punitividad (Sozzo, 2016; 2022).
Este populismo penal desde abajo fue estimulado por la acción de movimientos sociales, grupos de derechos humanos y colectivos que, partiendo de posiciones progresistas, se movilizaron para exigir al Estado medidas más contundentes para la persecución y represión de crímenes contra mujeres y menores, de crímenes de Estado y violaciones de derechos humanos, y de delitos contra el ambiente. Así, en sectores progresistas, la vía judicial fue identificada como un instrumento para resolver problemas sociales, contribuyendo, de hecho, a la ampliación del Estado penal. Como se ha observado recientemente, en países que vivieron dictaduras, la movilización para perseguir a los responsables de los crímenes cometidos durante esos regímenes, así como la necesidad de cultivar y preservar la memoria colectiva sobre los crímenes de Estado, dificulta la promoción de políticas menos represivas frente a la criminalidad común, originando una convergencia involuntaria entre populismos de distinta naturaleza y origen (Zysman, 2018). Al mismo tiempo, incluso ante problemas que no tienen que ver con el legado de los regímenes autoritarios anteriores, sino con cuestiones urgentes de la actualidad, en muchos países de América Latina se han consolidado reivindicaciones fundamentales. Por un lado, la necesidad de hacer frente a las persistentes violaciones de los derechos humanos y a las formas de violencia que aún ejercen los aparatos estatales; por otro, el desarrollo de un movimiento feminista fuertemente orientado al recurso a la justicia penal como instrumento para combatir la violencia contra las mujeres. Como señala Giamberardino (2025), estas posturas han supuesto un obstáculo significativo para la difusión del pensamiento abolicionista en muchos países de la zona sudamericana, ya que el derecho penal se ha percibido como un medio de reconocimiento de las víctimas, de protección de los derechos y de lucha contra la impunidad.
En relación con el proceso de renovación y formación de las burocracias estatales en el ámbito de la justicia penal tras la democratización, debe señalarse que las reformas legales implementadas en la fase postdictatorial afectaron a los aparatos de control social formal. Históricamente, los países sudamericanos han mostrado una seria dificultad para ejercer el monopolio de la fuerza en sentido weberiano; esta carencia dejaba amplio margen para la expansión del control social informal y para el ejercicio de la represión brutal por parte de la policía y los militares (Wilenmann, 2020).
Dal Santo, al analizar la evolución del caso brasileño, planteó una cuestión que puede extenderse también a otras naciones de la región. Para el autor, de hecho, la cuestión fundamental no es solo comprender las razones de las actuales dimensiones de la encarcelación masiva en Brasil, sino entender por qué, hasta los años ochenta del siglo pasado, ese país tenía tasas de encarcelamiento comparables a las de los países escandinavos (Dal Santo, 2023). Dal Santo observa que, en época dictatorial, existía un uso abundante de arrestos y detenciones arbitrarias que no formaban parte de los procedimientos judiciales, sino que eran llevadas a cabo por las fuerzas policiales y militares. La amplia difusión, dentro de las estructuras estatales, de prácticas de control iliberales y “extralegales” fue una constante en la historia postcolonial de los países sudamericanos, especialmente en el ámbito policial. En la práctica, la enorme cantidad de estos arrestos no era contabilizada en las estadísticas oficiales de encarcelamiento, ya que solo una pequeña parte de ellos estaba vinculada a una sentencia definitiva emitida por un órgano judicial[5].
Con la llegada de la democracia, se limitó la práctica de arrestos arbitrarios con fines de investigación y de detenciones administrativas; así, el antiguo modelo de detenciones no reguladas por parte de la policía fue desapareciendo gradualmente. Sin embargo, la arbitrariedad policial fue prácticamente ratificada por el poder judicial mediante el uso sistemático de la prisión preventiva, que puede durar meses o incluso años. Al final, muchas de las reformas judiciales implementadas durante la transición democrática terminaron promoviendo un aumento del encarcelamiento. Por ejemplo, Sozzo examina los efectos de una reforma reciente en una provincia argentina (Sozzo, 2024b). El proceso de expansión del aparato de justicia penal, aunque orientado a modernizar el Estado y a reducir la incertidumbre sobre su funcionamiento mediante la introducción de principios propios del Estado de derecho, garantizó también la capacidad de gestionar un número cada vez mayor de casos. El efecto más evidente de los procesos de centralización, burocratización y profesionalización fue la creación de sistemas penales capaces de administrar un volumen mayor de personas acusadas de delitos (Fonseca, 2018).
Desde esta perspectiva, por tanto, la considerable expansión penitenciaria registrada en Sudamérica debe vincularse a los procesos de formación del Estado asociados a la democratización propia de las sociedades postdictatoriales. De este modo, pierde fuerza explicativa la tesis neoliberal que, trasladando las dinámicas típicas del Norte global, sostuvo que el desmantelamiento del Estado de bienestar era la principal causa del boom penitenciario. Esta hipótesis, conocida como tesis de la sustitución —no encuentra respaldo en la región, ya que la experiencia sudamericana no implicó un paso de un régimen de welfare state [estado del bienestar] a un modelo neoliberal hegemónico, sino una transición de regímenes autoritarios hacia democracias en construcción (Wilenmann, 2020)—. La tesis neoliberal, entonces, puede servir para describir cómo las categorías propias del populismo penal penetraron en la agenda pública y en el debate electoral, pero no puede interpretarse de forma explicativa como reacción a una etapa de bienestar social, tal como ocurrió en el contexto europeo. Lo que se observa es el carácter acelerado de la historia en los países de la tercera ola de democratización que, con sus peculiaridades, constituyen ejemplos de “penalidad postdictatorial”.
Así como ocurrió en otros contextos, como en los países ibéricos, la incorporación tardía al proceso de democratización y modernización capitalista provocó un fenómeno de compresión histórica: los cambios sociales y las transformaciones económicas y políticas que atravesaron Europa occidental durante el llamado “treinta glorioso” del Estado de bienestar, en España fueron vividos de forma acelerada. Naciones que apenas habían experimentado el welfare state transitaron rápidamente hacia un modelo social postwelfarista; un país que recién había ingresado en la fase fordista se vio empujado sin escalas hacia un modelo de producción postfordista (Brandariz García, 2018). A este respecto, González-Sánchez, en su análisis de la experiencia española, escribió con sarcasmo que: “Cuando España, a principios de los años 80, empezó a hablar en serio de los derechos sociales y a poner en marcha algo parecido a una política social, nuestros vecinos del otro lado de los Pirineos ya hablaban de la crisis del Estado del bienestar” (González-Sánchez, 2024, p. 2).
La relación entre los niveles de desconfianza y las tasas de encarcelamiento
En la literatura sociológica y criminológica se reconoce ampliamente que el análisis de la evolución de las tasas de encarcelamiento exige explicaciones multicausales que consideren tanto las particularidades locales como las tendencias históricas de cada sociedad. En el caso sudamericano, como se examinó previamente, la intensidad de los niveles de penalidad no ha mostrado una relación inversa con el incremento del gasto social destinado al bienestar. En este apartado se indaga si, en estos países, la evolución de la desconfianza interpersonal e institucional puede correlacionarse con las tasas de encarcelamiento. La hipótesis de trabajo plantea la existencia de una correlación positiva entre ambas dimensiones de desconfianza y el aumento de la penalidad estatal.
Durante el proceso de transición democrática en Sudamérica, las élites políticas e institucionales sostenían la convicción de que la incipiente opinión pública podía ser moldeada en torno a la cuestión criminal, en tanto persistía una fuerte herencia autoritaria. Con el advenimiento del nuevo milenio, sin embargo, puede sostenerse que la rápida expansión del populismo penal produjo un vulnus significativo en la legitimidad de las instituciones políticas, en un contexto en el cual la preocupación por el control del delito se convirtió en un eje central de la agenda pública, especialmente durante los períodos electorales (Sozzo, 2024a).
La relación entre los niveles de confianza y los dispositivos de represión penal encuentra raíces profundas en los clásicos de la sociología. Desde la tradición durkheimiana se ha señalado que el grado de represión penal se vincula con las formas de solidaridad social: la disminución de la confianza en los vínculos interpersonales —esto es, la confianza horizontal y generalizada— erosiona los lazos comunitarios y favorece la adopción de políticas punitivas más restrictivas. Por su parte, la perspectiva weberiana destaca que la confianza institucional —o confianza vertical— se articula con los procesos de legitimación del poder estatal; en este marco, el recurso al monopolio legítimo de la fuerza pública se convierte en un mecanismo para recomponer la autoridad estatal en momentos de crisis de legitimidad. De estas premisas se desprende que altos niveles de desconfianza interpersonal e institucional tienden a acompañarse de tasas elevadas de encarcelamiento (Tonry, 2007).
Desconfianza interpersonal
La confianza interpersonal constituye un elemento central para la cohesión social. Suelen distinguirse modalidades de corto alcance o particularistas —dirigidas a actores con los cuales se mantienen vínculos directos- y modalidades de largo alcance o universalistas, orientadas hacia personas desconocidas que, aun así, son reconocidas como miembros de la comunidad política. Ambas formas resultan esenciales para el adecuado funcionamiento de las instituciones sociales y para el fortalecimiento del control social informal.
La ausencia de confianza interpersonal, al amplificar los ámbitos de incertidumbre y coexistir con procesos crecientes de juridificación de la vida social, puede tener efectos contrapuestos: por un lado, promover un uso inflaccionado del sistema de justicia formal —siempre que exista legitimidad institucional— y, por otro, facilitar la adopción de formas violentas de resolución de conflictos. En ambos escenarios, el incremento de la desconfianza interpersonal impacta directamente en los indicadores de criminalidad y en los niveles de penalidad estatal.
Para el análisis empírico se utilizaron datos diacrónicos provenientes de la encuesta sobre confianza ciudadana del Latinobarómetro, que mide tanto dimensiones de legitimidad política como niveles de confianza social. Las encuestas recogen información sobre la confianza interpersonal (horizontal) y sobre la confianza en distintas instituciones (vertical).
Los niveles de desconfianza interpersonal se han mantenido elevados a lo largo del nuevo milenio en todos los países analizados, en parte debido al carácter dicotómico de la pregunta utilizada, lo que tiende a polarizar las respuestas. Aunque la serie histórica registra oscilaciones vinculadas a crisis políticas y económicas (Ver Tabla 2), los valores se mantienen sistemáticamente por encima del 70%. La única disminución significativa se observa en Argentina, que presenta un descenso cercano al 20%. Reducciones menores se observan en Chile (-2,8%), Perú (-2,5%) y Paraguay (-1,1%). Por el contrario, Brasil (+16,1%), Venezuela (+9,7%), Bolivia (+8,3%), Colombia (+5,7%), Ecuador (+4,3%) y Uruguay (+3,2%) exhiben incrementos notables.
Tabla 2 Niveles de desconfianza interpersonal y Tasa de encarcelamiento (años 2000-2023/2024)(*)
(*) La variable de desconfianza interpersonal se construyó contando el porcentaje de respuestas “Uno nunca se siente
suficientemente atendido al tratar con los demás” a la pregunta “En general, ¿diría usted que uno puede confiar en la
mayoría de las personas o que uno nunca se siente suficientemente atendido al tratar con los demás?”. En las
encuestas realizadas por Latinobarómetro, la pregunta sobre la confianza interpersonal se formula de manera
dicotómica.
La caída de la confianza interpersonal ha sido un fenómeno persistente en el mundo occidental desde la década de 1960, asociado al debilitamiento de los vínculos comunitarios, al aumento del individualismo y al crecimiento del temor al delito. La baja confianza interpersonal y el deterioro de las redes de solidaridad alimentan la inseguridad social y fomentan la demanda de mayor penalidad (Lappi-Seppälä, 2011). En este sentido, el análisis de la serie histórica muestra, según el coeficiente de Pearson, una correlación positiva entre desconfianza interpersonal y tasas de encarcelamiento, particularmente fuerte en Bolivia (0,8) y Brasil (0,6) y en menor medida en Uruguay (0,5) y Venezuela (0,4).
En la Figura 1 se compara la situación de algunos países sudamericanos con la de algunos países europeos[6]. A primera vista, es claro que las tasas de encarcelamiento europeas son más bajas que las de sus contrapartes sudamericanas: el Reino Unido, con 139 presos por cada 100.000 habitantes, alcanza el valor más alto entre las naciones europeas, pero está muy por debajo de los estándares sudamericanos; España y Portugal se sitúan en valores ligeramente inferiores, 121 y 120 respectivamente; y finalmente, Grecia, con 99, y Suecia, con 92 presos por cada 100.000 habitantes. Los niveles europeos de desconfianza interpersonal, si bien son elevados, tienden a ser inferiores a los de sus homólogos sudamericanos. Esto se observa especialmente en el Reino Unido, España y Suecia, donde los niveles oscilan entre el 55,4% (en el Reino Unido) y el 24,5% (en Suecia). En Grecia y Portugal se aprecia una tendencia diferente: Portugal, con un nivel de desconfianza interpersonal que alcanza el 64%, se sitúa en un punto intermedio entre Europa y Sudamérica; Grecia, conocida por ser uno de los países europeos con los niveles de confianza más bajos y que recientemente ha sufrido una década de profunda crisis económica, confirma esta tendencia con un 89,4%. Entre los países sudamericanos seleccionados, los niveles de desconfianza interpersonal tienden a ser más altos: Brasil, Chile y Uruguay registran 75,4%, 73,8% y 75,5%, respectivamente. Argentina y Perú, sin embargo, se desvían de los promedios regionales; de hecho, la primera alcanza un valor más moderado (66,6 %), mientras que la segunda un valor más alto (90,4 %). La comparación entre países sudamericanos y europeos revela una divergencia estructural: los niveles de desconfianza interpersonal en Europa son, en general, inferiores, y sus tasas de encarcelamiento también resultan más moderadas. No obstante, ciertos países, como Grecia o Portugal, exhiben valores intermedios o excepcionalmente altos, lo cual confirma que las crisis económicas y la erosión institucional pueden afectar significativamente la confianza interpersonal.
Figura 1 Desconfianza interpersonal y tasas de encarcelamiento (2023/2024)(*)
(*) La Encuesta Mundial de Valores mide la confianza interpersonal con la pregunta: ¿Cuánta confianza deposita
usted en las personas que conoce por primera vez? Las opciones de respuesta son: “Mucha o poca confianza” y
“Poca o ninguna confianza”. La Figura 1 muestra los valores correspondientes a esta última opción.
Fuente: https://www.worldvaluessurvey.org/
Desconfianza política
Como ha señalado Lappi-Seppälä (2011), la legislación penal tiende a volverse más severa cuando las fuerzas políticas perciben que su autoridad se encuentra amenazada por altos niveles de desconfianza. Por el contrario, cuando existe un elevado grado de confianza institucional, los actores políticos tienen menos incentivos para recurrir a estrategias de populismo penal.
Desde los años setenta, numerosas investigaciones han documentado una erosión sostenida de la confianza ciudadana hacia las instituciones democráticas, vinculada al debilitamiento de los lazos comunitarios, al ascenso del individualismo y a la creciente inseguridad social. Estudios comparativos en Europa han demostrado una interacción significativa entre miedo al delito, bajos niveles de confianza institucional y altas tasas de encarcelamiento. Las políticas de “mano dura” suelen encontrar apoyo entre sectores tradicionales que perciben que la ampliación de derechos a nuevos grupos sociales amenaza sus beneficios materiales y simbólicos (Beckett & Godoy, 2008).
El criminólogo Zimring escribió anteriormente que la desconfianza en las instituciones políticas ha sido el principal factor del encarcelamiento masivo en las sociedades democráticas (Zimring & Johnson, 2006). Los bajos niveles de legitimidad son percibidos como una amenaza por los actores políticos, lo que los impulsa a recurrir a una legislación penal más represiva. Si bien esto es cierto para las democracias consolidadas, tiene un impacto aún mayor en las naciones que apenas han iniciado un proceso de democratización y formación de la opinión pública. En zonas donde la desconfianza en la política y la ansiedad ante la violencia institucional y privada están muy extendidas, las políticas represivas han servido como una estrategia crucial de legitimidad para gobiernos de todos los partidos.
Durante el período 2000-2023 (Ver Tabla 3), los niveles de desconfianza en las instituciones políticas en Sudamérica se mantuvieron elevados, aunque sujetos a fuertes alteraciones producidas por alternancias de gobierno y escándalos de corrupción (. Se registra un incremento porcentual en Perú (+23,1 %), Venezuela (+15,6 %), Chile (+8,8 %) y Argentina (+4,3 %). En contraste, Brasil (-18,9 %), Bolivia (-7,7 %) y Uruguay (-6,1 %) muestran disminuciones significativas. En los demás países se observan fluctuaciones de menor magnitud. En la última anualidad disponible, los niveles más altos de desconfianza se encuentran en Perú (92,3 %), Ecuador (85,9 %) y Paraguay (80,8 %). El análisis de correlación entre tasas de encarcelamiento y desconfianza política arroja valores positivos en Perú (0,7), Colombia (0,5) y Argentina (0,4). En Brasil, Paraguay y Venezuela la correlación es más débil (0,3), aunque igualmente muestran una asociación positiva.
Tabla 3 Niveles de desconfianza en las instituciones políticas y tasas de encarcelamiento (2000-2023/2024)(*)
(*) El indicador de desconfianza en las instituciones políticas se elaboró a partir de las variables: Confianza en el
Gobierno, Confianza en el Congreso y Confianza en los partidos políticos. Se calculó el valor promedio de la
suma de los porcentajes de las modalidades de respuesta “poca” y “ninguna”.
La desconfianza hacia las instituciones políticas ha asumido proporciones considerables, independientemente de la latitud geográfica y del color político de la coalición de gobierno. En la Figura 2 se presentan los niveles de desconfianza hacia los Parlamentos registrados en diferentes naciones. Para esta variable, no se puede identificar una línea de demarcación entre la zona europea y la sudamericana, ya que los niveles de desconfianza, aunque con cierta varianza, no se desvían notablemente. Analizando los datos nacionales: Grecia con el 84% se ubica en el medio entre Perú (93,7%) y Brasil (81,4%); el Reino Unido con el 71,6% alcanza valores ligeramente inferiores a los de Chile (76,7%) y Argentina (74,8%); España y Portugal, respectivamente, alcanzan el 65,4% y el 63,4%, posicionándose por encima de Uruguay (52,3%); finalmente, en Suecia la desconfianza hacia el congreso alcanza el 34,4%. En definitiva, independientemente del comportamiento de las tasas de encarcelamiento, el nivel de desconfianza hacia las instituciones políticas es muy pronunciado en las naciones examinadas.
Figura 2 Desconfianza en el congreso y tasas de encarcelamiento (2023/2024)(*)
(*)En la Figura 2, para calcular el nivel de desconfianza en el Congreso, se sumaron los porcentajes de las
respuestas “Poca” y “Ninguna” a la pregunta “Confianza en el Congreso”.
Fuente: https://www.worldvaluessurvey.org/
Desconfianza en las instituciones jurídicas
Desde una perspectiva estatal, perder legitimidad provoca también la pérdida de la confianza de los ciudadanos y su deferencia hacia la autoridad de las instituciones, incluidos los tribunales y la policía. Una confianza generalizada hacia estas instituciones conlleva la aceptación pública del derecho del sistema judicial y de las fuerzas policiales a ejercer el poder. Si las fuerzas policiales, desde hace tiempo, son a menudo acusadas de abusos, corrupción y uso excesivo de la fuerza, en el escenario sudamericano, la actuación de parte de la magistratura, en la última década, según determinados autores ha sido puesta bajo examen al ser acusada de interferir en los procesos democráticos regulares, subvirtiendo el cuadro político con acusaciones instrumentales de corrupción hacia líderes políticos progresistas. Según algunos estudiosos, la magistratura habría sustituido al poder militar para llevar a cabo lo que se ha definido como “golpe por goteo”. Vegh Weis afirma: “Utilizar el Poder Judicial es realmente ideal. Basta con identificar a unos pocos jueces dispuestos a colaborar. Se los puede sumar a nuestra tarea por las buenas: con promesas de cargos, promociones, contratos u oficinas. Si eso no funciona, también se los puede sumar por las malas: con amenazas de juicio político u obstrucción de ascensos” (Vegh Weis, 2020, p. 25).
Desde el 2000, la desconfianza hacia las instituciones jurídicas ha aumentado: un 40,9% en Venezuela, un 16,5% en Bolivia, un 13,6% en Chile, un 10,3% en Perú y un 9,8% en Colombia (Ver Tabla 4). Se han registrado incrementos más moderados en Ecuador y Paraguay, del 4,9% y del 4,2%, respectivamente. Por otro lado, la desconfianza en Argentina permanece prácticamente invariable (+0,4%), mientras que en Brasil disminuye un 15,6% y en Uruguay un 12%. Se observa una correlación marcada entre las tasas de encarcelamiento y la desconfianza en las instituciones jurídicas en: Bolivia (0,8); Venezuela (0,7); Colombia (0,6) y Paraguay (0,4).
Tabla 4 Niveles de desconfianza en las instituciones jurídicas y tasas de encarcelamiento (años 2000-2023/2024)(*)
(*) El indicador de desconfianza en las instituciones jurídicas ha sido elaborado a partir de las variables:
Confianza en el poder judicial y Confianza en la Policía. Se han sumado los porcentajes de las respuestas
válidas “Poca” y “Ninguna” para cada variable y se ha calculado la media.
Fuente: https://www.latinobarometro.org/analisis-online
En la Figura 3 se representa la comparación entre los países sudamericanos y europeos respecto a la desconfianza en el poder Judicial. En este caso, el primer aspecto relevante es la diferente reacción que se registra en Argentina y Brasil en referencia a los contrastes entre magistratura y política. Estos dos países, de hecho, en la última década han sido atravesados por escándalos e investigaciones judiciales que han involucrado a líderes políticos nacionales. En Argentina, el nivel de desconfianza hacia la magistratura es claro con el 78,9%; en Brasil, en cambio, la opinión de los ciudadanos está polarizada, ya que la desconfianza se detiene en el 46%. Entre los demás países sudamericanos, la desconfianza se confirma alta en Perú (69,3%) y Chile (67,8%); Uruguay (38,9%), en cambio, tiene un puntaje de tipo europeo; ligeramente superior al Reino Unido (32,9%), pero decididamente inferior al de los países ibéricos, España (51,9%) y Portugal (47,8%).
Figura 3 Desconfianza en el poder judicial y tasas de encarcelamiento (2023/2024)(*)
(*) En la Figura 3, para calcular la cuota de desconfianza en el Poder Judicial se han sumado los porcentajes de
las respuestas “Poco” y “Nada” a la pregunta “La confianza en el Poder judicial”.
Fuente: https://www.worldvaluessurvey.org/
Conclusiones
El análisis de las transformaciones del sistema penal durante las últimas décadas ha evidenciado que numerosos paradigmas explicativos de matriz económica, social y cultural, formulados para examinar los procesos de expansión punitiva en Estados Unidos y en determinados contextos europeos, exhiben limitaciones significativas al ser aplicados al ámbito sudamericano. La especificidad histórico-institucional de la región sudamericana, caracterizada por procesos de transición desde regímenes autoritarios hacia sistemas democráticos de instauración relativamente reciente en comparación con el Norte global, impone la consideración de variables adicionales y específicas que permitan dar cuenta de las particularidades inherentes a la experiencia postdictatorial.
A partir de dichas premisas, el presente artículo se propone evaluar la hipótesis conforme a la cual la condición de penalidad postdictatorial, junto con los procesos concomitantes de democratización, conformación de la opinión pública y consolidación del Estado de derecho, habría contribuido a la generación de elevados niveles de desconfianza tanto interpersonal como institucional. En consecuencia, se postula que la desconfianza interpersonal e institucional podría ser considerada como una variable potencialmente relevante para comprender el incremento del recurso al encarcelamiento en Sudamérica. Los resultados obtenidos indican que existe una asociación entre niveles de desconfianza y tasas de encarcelamiento, si bien heterogénea. Por lo tanto, hay que ser prudentes a la hora de generalizar sobre Sudamérica, de hecho, las correlaciones identificadas no permiten establecer nexos causales directos ni uniformes para la totalidad de los países analizados; no obstante, evidencian que los contextos signados por altos niveles de desconfianza tienden a coincidir con dinámicas de expansión punitiva de particular intensidad.
En primer término, los datos examinados revelan que la desconfianza interpersonal se mantiene en niveles extraordinariamente elevados en el conjunto de la región sudamericana. Dicha condición constituye un rasgo estructural de estos países y opera como elemento diferenciador respecto de gran parte de Europa occidental. La fragilidad de los vínculos de confianza horizontal incide en los procesos de penalización de múltiples maneras: restringe la capacidad de las comunidades para desarrollar mecanismos informales de resolución de conflictos, desplaza las demandas de justicia hacia el aparato estatal y, por ende, amplía los márgenes de intervención judicial y penal.
En segundo término, los elevados niveles de desconfianza hacia las instituciones políticas desempeñan un rol central en la configuración de estrategias de legitimación gubernamental, favoreciendo la adopción de atajos característicos del populismo desde arriba. En contextos donde la credibilidad de las instituciones políticas es reducida, las políticas de endurecimiento penal pueden erigirse en instrumentos simbólicos de alta eficacia para exhibir capacidad de acción ante el electorado. En este sentido, el incremento de la penalidad se configura asimismo como producto de la búsqueda de consenso electoral en escenarios políticos marcados por una débil legitimidad. Este populismo desde arriba ha coexistido, en el contexto sudamericano, con demandas punitivas desde abajo, particularmente en forma de exigencias de justicia frente a la impunidad, tanto en relación con las violaciones de derechos humanos del pasado autoritario como frente a problemáticas contemporáneas como la violencia de género. Finalmente, los datos relativos a la desconfianza en las instituciones jurídicas configuran un panorama complejo. En diversos países sudamericanos se constata que el incremento de la desconfianza hacia el sistema judicial y las fuerzas policiales coexiste con procesos de intensificación de la represión penal.
El estudio de estas variables requiere la necesidad de futuras investigaciones y de una mayor sofisticación metodológica. En cualquier caso, más allá de las consideraciones anteriores y de las asociaciones empíricas parciales y preliminares entre desconfianza y encarcelamiento, los resultados presentados en este trabajo sugieren la utilidad heurística del concepto de “penalidad postdictatorial” para la interpretación de las transformaciones de los sistemas penales sudamericanos. A diferencia de las democracias occidentales consolidadas, donde la expansión penal ha sido interpretada principalmente como derivada de transformaciones económicas asociadas al neoliberalismo, de la crisis del Estado de bienestar o del surgimiento de nuevas modalidades de gestión del riesgo, en Sudamérica el desarrollo de los sistemas penales contemporáneos ha estado condicionado por el legado de los regímenes autoritarios y por las tensiones emergentes de los procesos de democratización.
Desde esta perspectiva, el aumento de las tasas de encarcelamiento observado en numerosos países sudamericanos puede interpretarse como una modalidad, intencional y no intencional, mediante la cual se han gestionado las inconsistencias y dificultades inherentes a la fase de democratización postautoritaria. Tal como se ha documentado en otros contextos, el proceso de democratización puede coexistir con dinámicas de expansión punitiva. En este marco, la penalidad postdictatorial emerge como una configuración específica, diferenciable tanto de los modelos europeos de welfare de tipo continental o escandinavo como de las trayectorias anglosajonas vinculadas al neoliberalismo penal.
En definitiva, esta contribución sugiere que la desconfianza interpersonal e institucional puede constituir una dimensión analítica relevante para el estudio de la expansión penitenciaria en Sudamérica, complementando otras variables habitualmente empleadas por la literatura sobre economía política del castigo y democratización. Las democracias originadas en experiencias autoritarias, durante su transición, no solo han afrontado el desafío de consolidar instituciones representativas, sino también el de reconstruir vínculos fiduciarios entre ciudadanía, instituciones políticas y sistema jurídico.
Uso de la inteligencia artificial
Durante la preparación de este trabajo, el autor utilizó la herramienta DeepL AI con el objetivo de mejorar la redacción y la claridad del texto. Posteriormente, el autor revisó y editó el contenido según fue necesario, y asume la total responsabilidad del contenido de la publicación.
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Zimring, F. E. & Johnson D. (2006). Public Opinion and the Governance of Punishment in Democratic Political Systems. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 605(1), 266-80.
Zysman, Q. D. (2018). Building social democracy through transitional justice: Lessons from Argentina (1983-2015). In K. Carrington, R. Hogg, J. Scott, & M. Sozzo (Eds.), The Palgrave handbook of criminology and the global south (pp. 991-1010). Palgrave Macmillan.
Fecha de postulación: 13/03/2026 | Fecha de aceptación: 22/06/2026
Silva, M. M. A. da. (2024). Mulheres e Direito à Cidade. Análise Interseccional sobre a vida Urbana na Vivência da Mobilidade. Max Editora.
Data de submissão: 02/10/2025 | Data de aceitação: 20/05/2026
Notas
[1] Al analizar la tendencia de las tasas de encarcelamiento entre 2008 y 2023/2024, se observa una disminución de la población penitenciaria del 28,3%en Estados Unidos; del 6,6%en Inglaterra y Gales; del 23 % en España; y del 22 % en Alemania. En contraste, Francia experimentó un aumento del 22,3 % y Portugal un crecimiento de aproximadamente el 15 % (https://www.prisonstudies.org).
[2] Phelps acuñó el concepto de paradoja de la probation para resaltar cómo el fortalecimiento de tales medidas puede funcionar tanto como una alternativa a la prisión, como una extensión de las instituciones penitenciarias (Phelps, 2020).
[3] Al repasar la literatura científica del siglo pasado sobre la relación entre economía y penalidad, Chiricos y Bales identifican diversas líneas interpretativas que relacionan las crisis economícas y el desempleo con el aumento de los niveles de encarcelamiento. Entre ellas desde una perspectiva, la situación de desempleo aumenta la motivación para delinquir, lo que determina indirectamente un incremento de las tasas de encarcelamiento. Otras argumentan, en cambio, que el aumento de los niveles de desempleo puede generar un temor al aumento de la delincuencia y una preocupación por la decadencia moral que conduce a un mayor uso de las penas de prisión por parte de los jueces (Chiricos & Bales, 1991).
[4] En estos países, el papel de los gobiernos centrales no ha sido irrelevante en materia de represión y control de la criminalidad; sin embargo, un aspecto importante en el análisis de las dinámicas carcelarias es la profunda variación interna entre las distintas regiones de cada país. Por ejemplo, Fonseca, al analizar el caso brasileño, muestra que, a pesar de las iniciativas tomadas a nivel central, la variación regional en las tasas de encarcelamiento confirma la relevancia política y cultural de las dinámicas locales. Los estados federales son responsables de la casi totalidad de la gestión del sistema de justicia penal y penitenciario (Fonseca, 2024). Insistiendo en este aspecto, Giamberardino y Dal Santo señalan que la magistratura federal ejerce una competencia residual en materia penal, mientras que son los tribunales estatales los que deciden, en gran medida, el destino de los miles de procedimientos que culminan en la prisión. Por ejemplo, las tasas de encarcelamiento presentan notables variaciones territoriales que no se corresponden necesariamente con los niveles de violencia. En 2022, se pasaba de unos 90 reclusos por cada 100 000 habitantes en Bahía a más de 610 en Mato Grosso do Sul, sin que esa diferencia tuviera un reflejo proporcional en las tasas de homicidios ni en otros indicadores de violencia (Giamberardino & Dal Santo, 2024, pp. 26-27).
[5] Demodoanálogo, Brandariz-García, al reconstruir la evolución de la población penitenciaria en España, observó que las tasas de encarcelamiento aumentaron de forma constante desde el inicio de la etapa democrática. Hasta 2010, España fue uno de los países de Europa occidental con las tasas de encarcelamiento más elevadas (Brandariz García, 2018).
[6] España, Portugal y Grecia fueron elegidas por ser países cuyo proceso de democratización comenzó en la década de 1970, al igual que en Sudamérica. El Reino Unido, por su parte, representa un ejemplo de las políticas neoliberales de la corte anglosajona. Suecia, en cambio, ha sido tradicionalmente el paradigma del modelo de bienestar escandinavo.
Autores: Andrea Procaccini